A solo 15 días de la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, se evidencia la falta de una respuesta efectiva por parte del gobierno mexicano ante el inminente desafío migratorio. Las proyecciones indican que miles de migrantes pueden ser deportados, lo que pone en riesgo la capacidad de México para atender y proteger a estas personas, generando alarmas sobre una posible crisis humanitaria.
Expertos advierten que “México no cuenta con los recursos suficientes para proporcionar una seguridad social adecuada a los migrantes. La crisis migratoria que hemos observado desde 2018 se intensificará. El pronóstico es desalentador, ya que no hay un plan claro para ofrecer asistencia inmediata en áreas como salud y atención psicológica, lo que provocará una crisis humanitaria”, señala un especialista.
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Se ha comparado la estrategia del gobierno federal con “aplicar curitas a una herida que se desangra”, indicando que no hay claridad sobre la postura frente a las políticas antiinmigrantes del nuevo presidente estadounidense. La falta de una respuesta contundente en el “plan” presentado por la Secretaría de Gobernación ha generado críticas, ya que se requieren medidas específicas y efectivas.
“Las acciones son insuficientes y parecen estar diseñadas para no incomodar a Estados Unidos. Necesitamos un plan más robusto y claro, que incluya medidas concretas de apoyo a través de los consulados”, subraya un analista experto en migración.
Se ha señalado que aún no está claro qué tipo de protección o información recibirán los migrantes por parte de los consulados, lo que añade incertidumbre a la situación actual. Es crucial establecer cómo se proporcionarán estas medidas a aquellos que enfrentan la amenaza de deportación, especialmente ante la proximidad del 20 de enero.
La falta de un enfoque definido pone en riesgo a los migrantes en México, quienes podrían enfrentar deportaciones masivas. El tono de la respuesta gubernamental ha sido calificado como “suave”, posiblemente para evitar represalias económicas por parte de Estados Unidos.
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Además, la discusión sobre el presupuesto destinado a estas acciones ha sido escasa, y el gobierno ha minimizado la necesidad de aumentar los recursos para el Instituto Nacional de Migración.
Representantes de organizaciones migrantes han expresado su preocupación por la falta de preparación ante las etapas de deportaciones previstas, a pesar de que se ha anunciado la construcción de 25 albergues en la frontera.
Los pronósticos indican que más de medio millón de mexicanos podrían ser deportados en 2025, los cuales enfrentará severas dificultades al regresar, especialmente por la falta de documentación básica que les permita acceder a programas de asistencia social.
El director de un albergue en Tijuana manifiesta que el gobierno mexicano parece estar subestimando la magnitud de la crisis, lo que podría comprometer la atención a los deportados. Los recientes esfuerzos por construir albergues son solo un pequeño paso ante un problema mucho mayor.
Con 1.4 millones de personas con órdenes de deportación en Estados Unidos, y una gran proporción de ellos siendo mexicanos, la situación es urgente. Muchos deportados no tendrán documentos oficiales, lo que podría complicar su reintegración a la sociedad y el acceso a servicios básicos.
Los activistas advierten sobre el riesgo que enfrentan los deportados, que, en muchos casos, provienen de contextos de prisión, dejándolos vulnerables a la violencia de grupos criminales en México.
Ante la llegada de deportados, especialmente niños que no dominan el español ni conocen la cultura mexicana, será un desafío significativo para la Secretaría de Educación Pública preparar un plan que aborde adecuadamente sus necesidades educativas y sociales.
