El presidente Andrés Manuel López Obrador ha negado que la reciente declaración de más de 53 mil hectáreas como área natural protegida, que abarca terrenos utilizados por una empresa estadounidense en Playa del Carmen, sea un acto de expropiación, a pesar del conflicto vigente entre el gobierno mexicano y la compañía.
Durante su conferencia de prensa del 25 de septiembre, López Obrador aclaró que este litigio formará parte de la herencia que transmitirá a la próxima administración, y enfatizó que la medida es esencial para la preservación del territorio nacional, el cual, según afirma, está siendo “destruido”.
El mandatario recordó que su gobierno intentó llegar a un acuerdo para que el Estado mexicano adquiriera el terreno usado para la extracción de materiales que son exportados a Estados Unidos para proyectos de construcción. No obstante, se quejó de la “prepotencia” de la empresa que obstaculizó el acuerdo.
“Ni modo que vamos a permitir que destruyan nuestro territorio. Ofrecimos comprarles su parte, se hizo un avalúo, pero siempre la prepotencia, no entendiendo que México es un país independiente y soberano,” declaró el presidente. “No hay expropiación, es una declaratoria de área natural protegida. ¿Qué no hay bancos de materiales en Estados Unidos? ¿Por qué venir aquí y aprovecharse de la corrupción que imperaba?”
El decreto, publicado el 23 de septiembre, se basa en el artículo cuarto constitucional, que garantiza el derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo y la bienestar, y el artículo 27, que permite al Estado imponer restricciones a la propiedad privada en beneficio del interés público.
Este conflicto ha aumentado desde julio, cuando López Obrador advirtió que si no se alcanzaba un acuerdo, la mina operada por la empresa se convertiría en una reserva natural. Ahora, tras el fracaso del diálogo, el presidente ha cumplido con su advertencia, intensificando aún más las tensiones con la empresa estadounidense.
