La Crisis de Atención a Víctimas en Coahuila: Un Llamado Urgente a la Acción
En Coahuila, la atención a víctimas de delitos se encuentra en crisis. La Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) enfrenta una grave falta de presupuesto y personal especializado, lo que limita su capacidad para brindar el apoyo necesario a quienes sufren violaciones a sus derechos. Desde su creación en 2016, el número de víctimas registradas ha aumentado drásticamente, pasando de 130 a 12,691 para 2024, representando un incremento del 9,662%.
La disparidad entre la cantidad de víctimas y el escaso personal de la CEAV es alarmante, con tan solo 19 abogados, 6 psicólogos y 3 trabajadores sociales disponibles para atender a miles de personas. La situación se complica aún más por el déficit en el fondo destinado a la reparación del daño, que ha acumulado apenas 4.1 millones de pesos en siete años, insuficiente para cubrir las compensaciones que muchos delitos requieren.
Según Enrique Martínez Requenes, abogado experto en derechos humanos, la reparación del daño en casos de homicidio podría oscilar entre 500,000 y 700,000 pesos, lo que podría agotar rápidamente los fondos disponibles. El sistema necesita más asesores y un enfoque más robusto para garantizar que las recomendaciones y reparaciones a las víctimas se lleven a cabo de manera efectiva.
La falta de un seguimiento adecuado para las víctimas se evidencia en casos específicos. Por ejemplo, las madres que han sido afectadas por feminicidios enfrentan trayectorias complejas y frustrantes en su búsqueda de justicia. Las tardanzas en los trámites y la vaguedad en las recomendaciones legales dejan en un limbo a muchas solicitudes de reparaciones que podrían ofrecer alivio a las familias afectadas.
Las estadísticas revelan que desde la implementación de la Ley General de Víctimas en 2017, se han dictado sobre 3,808 sentencias, muchas de las cuales incluyen reparaciones que suman más de 324.8 millones de pesos. Sin embargo, las reparaciones efectivas por parte de los condenados son inciertas, lo que ha llevado al estado a contemplar la reparación subsidiaria, un mecanismo que debería garantizar compensaciones cuando el perpetrador no puede hacerlo.
Las víctimas de desapariciones enfrentan una realidad aún más desalentadora. En Coahuila, con más de 3,000 personas oficialmente desaparecidas, solo se han dictado 12 sentencias relacionadas con el crimen. Este abismo entre los casos documentados y las sentencias emitidas deja a las víctimas indirectas de desapariciones prácticamente sin esperanza de reparación ni justicia.
La presión sobre el gobierno de Coahuila para aumentar el presupuesto de la CEAV es cada vez más intensa, ya que las familias de las víctimas buscan respuestas y apoyo que actualmente les son negados. Las organizaciones de derechos humanos han comenzado a señalar la urgencia de atender estas problemáticas para garantizar que las voces de las víctimas no sean olvidadas y que se actúe en pro de su bienestar.
Este panorama crítico revela la urgente necesidad de reformas y cambios en la estructura, presupuesto y funcionamiento de la CEAV para asegurar que las víctimas tengan acceso a la justicia y a las reparaciones que les corresponden por derecho.
