Los ayuntamientos en Coahuila tendrán que reembolsar a los ciudadanos tras fallo de la SCJN, según expertos en derecho fiscal.
El 10 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló varios artículos de las Leyes de Ingresos de 20 de los 38 municipios de Coahuila, como resultado de una acción de inconstitucionalidad presentada por el gobierno federal. Esta decisión crea un dilema para los ayuntamientos, que ahora deben devolver a los ciudadanos los fondos que fueron recaudados de manera incorrecta.
El informe, liderado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, explicó que las regulaciones anuladas contravienen principios fundamentales de la Constitución, como la seguridad jurídica, la equidad tributaria y el acceso a la información pública. Las leyes cuestionadas incluían cobros por actividades recreativas y multas administrativas que eran ambiguas y desproporcionadas.
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Los principales retrocesos incluyen impuestos sobre espectáculos, sanciones a actividades recreativas y tarifas por acceso a la información. Estas disposiciones afectaban el derecho de reunión y generaban confusión sobre lo que constituye una infracción, comprometiendo la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Un abogado especializado en derecho fiscal resaltó que la SCJN justificó su decisión en varios artículos constitucionales. El Artículo 21 establece que las multas deben basarse en criterios objetivos para su cálculo, y la Corte determinó que muchas de estas sanciones carecían de esa claridad, otorgando un amplio margen de discrecionalidad a las autoridades.
Asimismo, el Artículo 14 garantiza el derecho a la legalidad, señalando que nadie puede perder libertad o bienes sin un proceso legal formal. Las multas por “faltas a la moral” infringen este derecho al no definir adecuadamente lo considerado como infracción.
Adicionalmente, el Artículo 31, fracción cuarta, exige que impuestos y tarifas sean justos y proporcionales a la economía de los ciudadanos. La Corte calificó muchos de estos cobros como desproporcionados en relación con los servicios ofertados.
Los ciudadanos que pagaron multas pueden solicitar su reembolso, dado que la Corte ha declarado inconstitucional la base legal de dichos cobros. Esto requerirá un proceso administrativo para recuperar su dinero, argumentando que las leyes que respaldan las multas son ilegales.
El abogado también mencionó que la inacción del poder legislativo local, especialmente de la Comisión de Hacienda, ha sido determinante, pues es responsable de revisar y aprobar los proyectos fiscales de cada municipio.
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“El Congreso debería actuar como un control y supervisión de las normas propuestas por los municipios, pero en este caso se observó falta de diligencia”, indicó el abogado.
Entre los miembros de la Comisión de Hacienda que aprobaron las leyes de ingresos de los municipios se encuentran legisladores reelectos en la 63 legislatura.
El legislador Álvaro Moreira, nuevamente parte de la comisión, tiene la responsabilidad de asegurar que futuras propuestas cumplan con la Constitución.
Mientras tanto, representantes de la 63 legislatura han sido contactados para comentarios, sin embargo, no se han recibido respuestas hasta el cierre de este reporte.
El diputado Antonio Attolini, también miembro de la Comisión, cuestionó la tendencia histórica de las administraciones locales de imponer impuestos para cubrir déficits, argumentando que este enfoque es insostenible e injusto para los ciudadanos.
“No puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre”, enfatizó.
Esta reciente acción de inconstitucionalidad subraya los errores en la aprobación de normas fiscales, marcando un cambio necesario en la gestión de recursos por parte de los ayuntamientos.
Attolini destacó el compromiso de la actual Comisión de Hacienda para realizar revisiones más exhaustivas y cuidadosas de las propuestas de ley de ingresos.
“La 63 legislatura se está manejando con mayor diligencia, siguiendo reuniones periódicas y exhaustivas con todos los municipios. A finales de este año, seremos responsables de aprobar las nuevas leyes de ingresos y mantendremos informada a la ciudadanía sobre el avance de este proceso”, concluyó.
