Chilpancingo, Gro. La Asamblea Nacional Popular concluyó este tarde con el firme compromiso de seguir exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. Durante la asamblea, se afirmó que “este gobierno no ha logrado proporcionar verdad y justicia. Hasta la fecha, desconocemos el paradero de nuestros hijos, y las investigaciones solo avanzaron hasta 2022”.
Los asistentes denunciaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador “ha creado un falso debate sobre el supuesto intervencionismo extranjero y las organizaciones de derechos humanos que, según él, han obstaculizado el caso, lo que solo sirve como justificación por su falta de progreso en las investigaciones de Ayotzinapa”.
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Al finalizar la asamblea en la Normal de Ayotzinapa en Tixtla, los padres de familia expresaron que “cuando se procesó a 20 militares y se solicitó una investigación, las tensiones con el presidente aumentaron”.
La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa (UEILCA) han sido desmanteladas, y sus responsables renunciaron bajo presión militar; incluso uno de los funcionarios ha sido convocado para ser interrogado por los militares sin respuesta del presidente.
Recordaron que “los 17 estudiantes fueron sacados de la barandilla municipal, otros trasladados al 27 Batallón y entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos; además, las extradiciones de Tomás Zerón y José Ulises Bernabé están estancadas y sin avances”.
Se anticipa que “no habrá novedades en el caso durante el tiempo restante de este gobierno; las mañaneras solo traerán ataques al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y a Vidulfo Rosales”.
Existen pruebas que implican al ejército: un soldado infiltrado en la Normal de Ayotzinapa tiene documentación militar que valida su estatus de agente de contrainteligencia, y su superior reportó su desaparición el 29 de septiembre de 2014. “Los militares monitorearon a nuestros hijos desde que llegaron a Iguala hasta que desaparecieron”.
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Además, “se interceptaron llamadas de los 17 estudiantes sacados de la barandilla municipal; las pruebas indican que mandos militares del 27 Batallón tenían conexiones delictivas con Guerreros Unidos; y un testigo protegido declaró que varios estudiantes fueron detenidos por los militares, llevados al 27 Batallón y entregados a Guerreros Unidos. Es responsabilidad del gobierno demostrar la participación del ejército y no invertir la carga de la prueba a los padres de los 43”.
Los críticos de la política actual afirmaron que “se está regresando a un presidencialismo vertical y a la construcción de un partido político estatal dominante que se ha aliado con élites económicas y militares, lo que dificulta cambios estructurales; Morena busca presentarse como el abanderado de las luchas de izquierda, desacreditando a quienes optan por un enfoque independiente y de base”.
Los asistentes subrayaron que para la “nueva élite política, ninguna lucha de izquierda independiente tiene validez; consideran a todos aquellos que no se alinean con Morena como conservadores. La única forma legítima de participación es dentro de las estructuras de Morena y a través del sufragio”.
Se alertó que las elecciones locales son dominadas por el dinero, lo que crea un “terreno fértil para grupos delictivos insertados en las estructuras del Estado. Esta contienda electoral ya ha visto el triunfo de grupos de delincuencia organizada en más de cinco ayuntamientos en Guerrero”.
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Sobre los líderes militares, se indicó que “mantienen una visión clasista y elitista, más preocupados por llevar a cabo tareas de contrainsurgencia que por garantizar la seguridad nacional”.
El 26 de septiembre marca diez años de la desaparición en Iguala de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
