Más de la mitad de los productores agropecuarios en Tabasco y Tlaxcala enfrentan serios problemas, como el robo de animales e insumos, amenazas, extorsiones y secuestros, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Tabasco, recientemente gobernado por Javier May Rodríguez, es el estado donde la inseguridad obstaculiza la disponibilidad de alimentos, con un 51.9% de sus agroproductores afectados, lo que, según empresarios, se traduce en un aumento de precios para los consumidores.
En Tlaxcala, bajo la administración de Lorena Cuéllar Cisneros, también de Morena, la tasa de agredidos asciende a un 51.3%. Aguascalientes, gobernado por María Teresa Jiménez Esquivel del PAN, ocupa el tercer lugar con un 46.5% de sus productores agropecuarios enfrentando criminalidad.
La distribución de frutas, verduras y proteína animal se ve afectada por la inseguridad, lo que desestabiliza su disponibilidad en las comunidades, según José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo.
A nivel nacional, 3.7 millones de productores enfrentan dificultades en sus actividades, con un 22.8% o 835 mil agroproductores que padecen problemas relacionados con la inseguridad, según estimaciones de la Evaluación Integral de la Política Social 2023-2024.
Los problemas de inseguridad incluyen robo de animales e insumos, amenazas, extorsiones y secuestros, dificultando la productividad agropecuaria, destacó el Consejo, que evalúa la pobreza y que se encuentra en riesgo de desaparecer al ser absorbido por otro organismo gubernamental.
Desafíos adicionales
La criminalidad no es el único reto para el sistema alimentario mexicano; también existen problemas en el transporte de productos, sobre todo hacia comunidades de difícil acceso. Esta evaluación revela que la comercialización se concentra en pocos centros urbanos grandes y hay deficiencias en la infraestructura de transporte.
A escala nacional, el 21.8% de las actividades agropecuarias experimentan dificultades para el transporte, afectando a 797 mil productores que enfrentan problemas para mover sus mercancías.
Los estados con mayores desafíos también son los más empobrecidos: Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con índices de 36.4%, 34.7% y 30.7%, respectivamente.
Además de los problemas de inseguridad y transporte, un 12.7% de los productores agropecuarios, equivalentes a 464 mil unidades, enfrentan dificultades en la comercialización por la intervención de intermediarios.
La existencia de múltiples intermediarios en la cadena de suministro alimentaria genera segmentaciones que favorecen la informalidad del mercado y elevan los costos para los consumidores.
Los estados más afectados por la intermediación son Baja California Sur, Colima y Veracruz, con tasas de 19.3%, 18.7% y 17.9%, respectivamente.
En las principales ciudades del país, se ha registrado un incremento del 53% en los precios de frutas y hortalizas desde diciembre de 2018, marcando el aumento más significativo desde la administración del expresidente Ernesto Zedillo.
Las zonas rurales son las más perjudicadas, afectando a los sectores productivos más pequeños y a comunidades con altos índices de rezago social, lo que genera desigualdades en la disponibilidad de alimentos.
De las 295 mil localidades rurales con menos de 2,500 habitantes, sólo el 40% contaba con un suministro diario de alimentos, mientras que el abasto de cereales y leguminosas superó el 60%, pero el suministro de frutas y verduras apenas alcanzó el 44%.
Este desabasto impacta directamente en el consumo familiar, con solo un 10% de los habitantes de Tabasco viviendo en hogares con acceso diario a frutas y verduras, y en otros estados no superando el 15%.
Se recomienda establecer un organismo federal para promover la producción y comercialización de frutas y verduras de los agroproductores nacionales.
Julio Berdegué Sacristán, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ha señalado la importancia de trabajar conjuntamente con la nueva dependencia de Alimentación para el Bienestar, garantizando el acceso a alimentos en localidades vulnerables.
