El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha interpuesto una demanda administrativa ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), reclamando el pago de 255 millones de pesos más intereses acumulados a lo largo de más de una década.
La demanda fue presentada el 13 de enero ante la Suprema Corte de Justicia, que actúa como la única instancia para resolver disputas contractuales del CJF. El Ministro Jorge Pardo Rebolledo ya admitió la solicitud y otorgó un plazo de nueve días hábiles al Ejército para presentar su respuesta.
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Esta controversia tiene sus raíces en 2013, cuando el entonces presidente de la Corte y del CJF decidió contratar a la Sedena para ejecutar varias obras, buscando evitar los desafíos asociados con proyectos realizados por empresas privadas y la inseguridad en diferentes regiones del país.
Uno de los proyectos fue el edificio del Poder Judicial en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el cual fue finalizado por el Ejército en septiembre de 2016, desencadenando ocho años de negociaciones infructuosas para determinar el finiquito, es decir, el saldo pendiente entre las partes.
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El 24 de octubre, el CJF determinó que la Sedena adeuda 255 millones de pesos en concepto de finiquito. Al no aceptar esta cantidad, el CJF procedió a presentar la demanda en la Corte.
Además, el CJF está exigiendo el pago de los intereses generados por 857 millones de pesos que se depositaron a la Sedena para la obra, los cuales deben ser calculados a partir de las fechas en que se realizaron dichas transferencias, que datan de hace más de diez años.
El proceso judicial podría extenderse por más de un año, y es probable que los actuales magistrados de la Corte no sean los encargados de resolverlo, ya que concluirán su mandato el 31 de agosto, siendo reemplazados por nuevos ministros elegidos el 1 de junio.
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El acuerdo entre el CJF y la Sedena tuvo una vigencia de solo dos años y fue considerado ilegal por la Auditoría Superior de la Federación, ya que el Ejército no tenía la autoridad para llevar a cabo obras públicas para otras dependencias. Sin embargo, esto no impidió que se convirtiera en uno de los principales contratistas del Gobierno en el sexenio anterior.
En 2017, la ASF concluyó que la Sedena generó un daño patrimonial de 67.5 millones de pesos al CJF, debido a la falta de comprobación del cumplimiento de los trabajos contratados para el edificio de Oaxaca y otros centros de justicia penal en La Paz, Baja California Sur; Apizaco, Tlaxcala; y Cintalapa, Chiapas.
