CDMX.- Recientes estudios de México Evalúa y el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho (IFED) revelan que 7 de cada 10 abogados litigantes en México han sido víctimas de ataques relacionados con su profesión.
Los informes, titulados “Cuando impartir justicia es peligroso. Los ataques a la integridad del personal judicial en México” y “Violencia en contra de las personas abogadas litigantes en México”, ofrecen una mirada alarmante a la situación de seguridad en el ámbito judicial.
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“Para que todos tengamos acceso a una justicia sin injerencias y presiones indebidas, es fundamental garantizar la integridad del personal judicial,” destacó la directora general de México Evalúa durante la presentación de los estudios.
Adicionalmente, se señala que el 69 por ciento de los litigantes encuestados experimentaron algún tipo de ataque durante el ejercicio de su labor profesional.
El análisis revela que el 21 por ciento de los jueces han enfrentado actos de amenaza o agresión en la última década, situación que también afecta al 52 por ciento del personal notificador y actuario.
Entre el 1 de enero de 2023 y el 17 de enero de 2024, se documentaron 167 incidentes contra personal judicial, con el 98% de estos consistentes en declaraciones públicas y un 88 por ciento atribuido directamente al presidente.
Las formas más frecuentes de ataque incluyen amenazas, agresiones y extorsión, circunstancias que han llevado a algunos abogados a abandonar casos o incluso a dejar la profesión por completo, afectando la calidad de su trabajo.
Los informes también indican la existencia de seis homicidios de personal actuario y 15 de jueces entre 2012 y 2023, además de dos muertes de jueces a nivel federal.
Los agresores suelen ser las partes involucradas en un juicio, como imputados o sus allegados, miembros de grupos delictivos, e incluso representantes del Estado.
El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió que “cuando un litigante o un juzgador es asesinado, se pierde la oportunidad de acceder a la justicia y de fomentar condiciones institucionales de convivencia”.
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Ante esta alarmante situación, se han propuesto varias recomendaciones, que incluyen el establecimiento de políticas de protección para el personal judicial, la creación de medidas de seguridad con perspectiva de género, y la implementación de protocolos de seguridad y estrategias de colaboración interinstitucional.
Asimismo, se propone la articulación de acciones entre secretarías de seguridad pública, fiscales y tribunales para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra el personal judicial y abogados litigantes.
