El presidente de la República ha convocado a los líderes empresariales más influyentes del país para definir su postura sobre temas críticos de la política actual. No solo se discute la integración de la Cámara de Diputados o la reforma constitucional que busca eliminar los órganos autónomos y la independencia del Poder Judicial, sino que se les pide pronunciarse sobre la propuesta de López Obrador de desmantelar el régimen democrático. Muchos se encuentran en una encrucijada, ya que el mandatario es consciente de que la posición de muchos de estos empresarios les favorece.
Es común que los magnates del dinero respalden a quienes están en el poder, especialmente cuando estos políticos operan en función del capital. Un ejemplo de esto es el respaldo financiero que recibió Donald Trump de importantes figuras del sector empresarial durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
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Históricamente, los poderosos han buscado aliarse con aquellos que ejercen el poder político, ya que ambos se necesitan mutuamente. Las preocupaciones de las personas más adineradas no provienen tanto de la izquierda, sino de proyectos que amenazan su competitividad económica. Por ejemplo, magnates como Slim y Azcárraga han enfrentado dificultades por los órganos autónomos, y las empresas que cotizan en bolsa se inquietan por la supervisión financiera. Las instituciones bancarias y los administradores de fondos de pensiones también sienten inquietud ante la supervisión pública, especialmente por entidades como la Procuraduría Fiscal y la UIF, que imponen un gran poder discrecional.
Debido a estos factores, la oposición empresarial probablemente no tendrá un impacto significativo. La actitud desafiante de algunos empresarios, como Ricardo Salinas, es resultado de conflictos anteriores, en los cuales ha calculado sus estrategias. Históricamente, él ha sido uno de los empresarios más combativos frente al gobierno; sin embargo, la administración actual parece más interesada en obtener recursos económicos que en considerar las preocupaciones de los consumidores.
La postura del CCE y del Consejo de Hombres de Negocios respecto a la integración de la Cámara de Diputados enfureció al presidente. Él considera que es mejor dialogar directamente con los líderes empresariales en lugar de los voceros, y ha seleccionado a los cinco empresarios más poderosos para que expresen claramente su respaldo a su agenda. Para López Obrador, los empresarios no deben participar en la política a menos que sea en sus propios términos y a su favor.
Casi la totalidad de los empresarios ha respaldado al régimen, dándole la espalda a figuras opositoras, a pesar de que se entendía que Morena podría ganar sin su apoyo. La oposición ha perdido su sentido de poder porque los líderes se confiaron en que una figura como Xóchitl Gálvez les aseguraría los votos, un cálculo erróneo. La estrategia más efectiva habría sido centrarse en las elecciones municipales y en las alcaldías de las grandes ciudades. A pesar de planteamientos escritos sobre estrategias diferenciadas, la negativa respuesta del sector fue alarmante. Los resultados electorales validan esta propuesta, ya que los mejores desempeños se dieron allí, sugiriendo que se podrían haber ganado hasta 100 distritos adicionales con una mejor estrategia.
Históricamente, los grandes empresarios nunca han sido impulsores del desarrollo político, ya que un gobierno limitado no les resulta conveniente y ven como una amenaza los órganos autónomos, la sociedad civil activa y la supervisión pública del poder político y económico. La incertidumbre sobre la reforma fiscal es vista como una ventaja, lo que convierte a la élite empresarial en aliados del proyecto autoritario, con algunas excepciones.
La demanda del presidente actúa como un llamado a defender un régimen que, en gran medida, les ha beneficiado económicamente. Para ellos, similar a la famosa frase de Gonzalo N. Santos, la economía moral es un árbol que da frutos abundantes.
