recientes acontecimientos en Washington han arrojado un panorama complicado para el gobierno de México, con la nueva suspensión de aranceles como un respiro momentáneo. Sin embargo, la noticia que genera mayor inquietud es la confirmación de que la administración estadounidense está considerando acciones drásticas contra políticos mexicanos supuestamente asociados con el crimen organizado. Las presiones informales han aumentado para que estos políticos sean entregados a la justicia estadounidense.
Funcionarios del Departamento de Estado han entablado diálogos con sus homólogos mexicanos para establecer un acuerdo bilateral que permita investigar a políticos que hayan tenido vínculos con el narcotráfico. El objetivo de esta iniciativa es lograr la detención y extradición de estos individuos. Acompañando esta solicitud, se ha lanzado una advertencia: si no se observan avances, podría hacerse una denuncia pública en Washington antes de la próxima revisión de aranceles, fijada para el 2 de abril.
TE PUEDE INTERESAR: La amenaza arancelaria persiste: ¿Qué celebra la Presidenta?
Esta petición marca un precedente inusual, especialmente considerando la cantidad de evidencia que ha surgido en torno a la corrupción en el ámbito político en México, donde políticos han operado con impunidad, protegidos por altos niveles de poder.
Aunque los funcionarios estadounidenses no han mencionado nombres específicos, la inquietud se ha instalado en Palacio Nacional, donde dos grupos de trabajo apoyan a la presidenta en el análisis de las relaciones bilaterales. Estos equipos deben proponer estrategias para contener esta amenaza de cooperación en investigación.
El creciente interés de Washington en políticos mexicanos vinculados al crimen organizado ha alimentado la percepción de que la administración estadounidense considera tomar medidas, con o sin la colaboración del gobierno mexicano. En particular, existen preocupaciones dentro de Morena sobre el futuro de dos gobernadores, quienes están bajo investigación por su asociación con el Cártel de Sinaloa y por financiar campañas electorales usando recursos ilegales.
En el marco de esta tensión, se han discutido posibles incorporaciones a una lista de políticos asociados a delitos a miembros de alto rango de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados.
Uno de los señalados ha sido el actual gobernador de Tabasco, quien ha sido criticado por sus decisiones de seguridad, mientras que otro político enfrenta un trasfondo familiar de supuestas conexiones con narcotraficantes, lo que suscita aún más preocupación en la esfera política.
Recientemente, se publicó una lista de políticos mexicanos mencionados en procesos judiciales en un tribunal estadounidense, siendo el secretario de Economía quien ha rechazado cualquier vinculación con las indagatorias.
Las declaraciones durante los juicios de Joaquín “El Chapo” Guzmán han revelado conexiones entre funcionarios mexicanos y organizaciones criminales, lo que complica aún más la situación mientras se busca una cooperación bilateral en este ámbito.
La administración estadounidense cuenta con información suficiente para proceder contra varios políticos mexicanos, pero ha sido cautelosa en no generar un conflicto político con su vecino, cuyo equilibrio se ve afectado por el narcotráfico. Este cambio hacia buscar la cooperación del gobierno mexicano para facilitar las investigaciones representa un nuevo enfoque en la relación bilateral.
TE PUEDE INTERESAR: Exige a la administración que aclare los señalamientos sobre narcotraficantes y políticos
La Presidenta ha reiterado su disposición a colaborar siempre que no se realicen acciones unilaterales, pero esta nueva propuesta no estaba prevista en sus planes. Se enfrenta a un panorama complicado, ya que cualquier detención de alto perfil podría tener repercusiones en su gobierno y en su relación con los sospesos.
Si se formaliza la solicitud de un acuerdo en este sentido, la presidenta se encontraría ante un dilema: aceptar un proceso que podría acarrear investigaciones confidenciales o rechazarlo y enfrentar la posibilidad de acciones unilaterales de Estados Unidos.
Si varios de los políticos implicados son inculpados, esto podría allanar el camino para una gobernabilidad más efectiva. Sin embargo, sería fundamental sopesar los riesgos, puesto que estas indagatorias podrían llegar a tocar temas delicados que afectan su administración.
