Con la proximidad del Día Internacional de la Mujer, es imperativo reflexionar sobre la situación actual en Coahuila. En el contexto del 8M, esta columna destaca la urgente necesidad de una alerta de género para abordar el fracaso de las políticas públicas en la lucha contra la violencia de género.
Desde 2013, Coahuila ha registrado una preocupante cifra de 188 feminicidios, el año en que se tipificó el asesinato de mujeres por razones de género.
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Cada feminicidio representa una vida truncada y el sufrimiento de una familia que enfrenta la inacción de las autoridades en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
Durante más de una década, las autoridades han llevado a cabo declaraciones y decretos enérgicos para tipificar y castigar la violencia de género, pero hasta ahora estos esfuerzos han mostrado resultados decepcionantes.
La seguridad no se logra con simples palabras, sino con acciones contundentes; lamentablemente, estos pronunciamientos han sido más bien estrategias políticas para ganar apoyo y mantener el poder.
Los datos son claros: 188 feminicidios. No es necesario emitir juicios de valor.
Trágicamente, muchas de las víctimas contaban con órdenes de restricción, pero, a pesar de esto, un documento no detuvo la violencia de quienes les quitaron la vida.
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Las políticas han fracasado, fallando a 188 mujeres y dejando un legado de dolor y planes de vida interrumpidos.
Cada asesinato deja una familia incompleta y el temor afecta a todas las mujeres.
Además de no garantizar la prevención, las cifras de violencia han aumentado, presentando situaciones desgarradoras.
Según datos de 2017 a 2019, los feminicidios anuales pasaron de diez a 24.
Solo en este año se han reportado tres muertes hasta la fecha.
El primero de enero, Ana Lisa fue asesinada por su pareja en el municipio de Nava.
El 22 de febrero, se registró la muerte de una mujer de 67 años, supuestamente golpeada por su novio, aunque las autoridades descartaron la violencia como causa de su deceso.
El tercer caso involucra a Elizabeth, una joven de 30 años que, tras separarse de su pareja debido a la violencia, obtuvo una orden de restricción que lamentablemente no impidió su trágico destino.
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En enero, se registraron 195 llamadas de emergencia relacionadas con violencia de género, lo que equivale a un promedio de 6 a 7 por día, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La demanda de alerta de género crece y resonará no solo en las calles este 8 de marzo, sino también en los juzgados, donde se ha interpuesto un amparo por parte de activistas locales en pro de una respuesta efectiva del Estado en la garantía de derechos para vivir sin violencia.
Este amparo busca que el Estado asuma su responsabilidad en la protección de las mujeres, porque en estos casos, la justicia no es solo una demanda, es un derecho que se debe exigir.
