En medio de las crecientes tensiones políticas, opositores y críticos del régimen actual anticipan un inminente y estrepitoso fracaso del Gobierno nacional. Consideran que la debilidad del actual líder representa una oportunidad para el resurgimiento de la oposición institucional. Sin embargo, este es un grave error de cálculo. Los vacíos de poder son rápidamente ocupados; donde el Estado falla, otros actores aparecen, y en contextos de crisis institucional profunda, como Guerrero, Guanajuato, Sinaloa y Tabasco, la falta de autoridad beneficia al crimen organizado, no a los rivales políticos.
A los funcionarios y intelectuales del régimen, les desagrada que se contemple la posibilidad de una severa crisis económica. Se prefiere no mencionar este escenario para evitar que altere el apoyo social, lo que conlleva a una tergiversación del deseo de los opositores: el fracaso de la gestión gubernamental no equivale al deseo de que le vaya mal a México. La realidad es que si el poder central enfrenta serias dificultades, todos los ciudadanos sufrirán las consecuencias. No son solo cuestiones de economía o inseguridad, sino el efecto dominó que desata una falta de Estado legítimo.
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Analistas bien informados que se inclinan a favor del régimen descartan los escenarios adversos, acusándolos de catastrofistas, como si los analistas intentaran sembrar miedo para debilitar la credibilidad de quienes gobiernan. A pesar de que este gobierno mantiene una cierta credibilidad, esto se debe más a su éxito electoral que a su capacidad de gobernar, ya que la distribución de legisladores refleja una interpretación de sobrerrepresentación que distorsiona la representación real del pueblo, que es diverso y multifacético.
Nadie representa verdaderamente al pueblo; este solo existe en el discurso político. En una democracia, el poder radica en los ciudadanos; mientras que en regímenes autoritarios, se considera al pueblo como una entidad homogénea que apoya a sus gobernantes, lo que resulta ser una falacia. Ante el potencial colapso de las expectativas económicas, podría deteriorarse el consenso que ha sostenido al régimen hasta el momento.
El actual contexto plantea importantes disputas al interior del régimen. Recientemente, el secretario de organización de un partido político llamó la atención del gobernador de Tabasco, quien criticó abiertamente a un alto funcionario, responsabilizándolo de la crisis de seguridad en la región. En respuesta, se hizo un llamado a la unidad, no enfocándose en la grave presencia del crimen organizado en Tabasco, sino en una oposición que, según el régimen, podría volver a cobrar fuerza. Es absurdo que la mayor amenaza percibida sea una oposición debilitada y no el crimen organizado.
Es sumamente incómodo para el régimen reconocer un escenario desfavorable, ya que se ha cultivado una falsa esperanza de infalibilidad en su proyecto. Sin embargo, hacer referencia al pasado como la raíz de todos los problemas ha perdido credibilidad con el tiempo. Por ejemplo, se intenta justificar cambios en instituciones como Infonavit argumentando corrupción de administraciones pasadas, ignorando los resultados de los últimos seis años bajo su gestión, que han sido considerablemente peores.
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Las dificultades actuales, muchas de ellas atribuibles a la ineficacia del gobierno y el desorden financiero, junto con factores internacionales como el auge del populismo, obligan a contemplar la posibilidad de una crisis.
Es vital desarrollar una perspectiva sobre la crisis, no porque sea deseable, sino porque parece inevitable. Los posibles efectos son devastadores para el país y sus habitantes. La crisis del Estado presenta escenarios angustiosos que podrían desembocar en el caos, un narcoestado o una respuesta autoritaria, todo a expensas de la democracia y las libertades individuales.
