En 2023 y 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha calificado al Centro de Reinserción Social de Tabasco (CREST) con 4.40 y 4.66 puntos, respectivamente. Estas evaluaciones se produjeron en un contexto de disturbios y un incendio que resultaron en la muerte de al menos siete reclusos y más de diez heridos.
La CNDH indicó que la calificación de 4.40 puntos es reprobatoria, identificando áreas que requieren atención urgente, tales como hacinamiento, sobrepoblación, prevención y atención a incidentes violentos, autogobierno, falta de normatividad, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, así como la presencia de actividades ilícitas.
Este año, el CREST recibió nuevamente una calificación desfavorable de 4.66, a pesar de un incremento de 0.26 décimas respecto al año anterior, lo que demuestra que persisten los problemas críticos que requieren ser abordados urgentemente.
Recientemente, se realizó una visita a las instalaciones del CREST donde se llevaron a cabo entrevistas con funcionarios responsables en áreas directivas, médicas y de seguridad, además de entrevistar a personas privadas de la libertad y acceder a diversas áreas del centro, como estancias, patios y talleres.
CREACIÓN URGENTE DE UNA RUTA DE ATENCIÓN A INTERNOS, SEGÚN CNDH
La CNDH destacó la necesidad urgente de desarrollar una ruta de atención para salvaguardar la integridad de las personas privadas de libertad, comprometiéndose a mantener reuniones de trabajo con autoridades de la Dirección General del Sistema Penitenciario en Tabasco.
La Comisión expresó su preocupación por la falta de diligencia en la atención a los problemas identificados, incluyendo eventos violentos recientes en el CERESO ‘Las Palmas’ de la misma entidad.
A pesar de que el Sistema Penitenciario Estatal ha reconocido la sobrepoblación, hacinamiento y falta de personal de seguridad en algunos centros, no se ha proporcionado información sobre las medidas adoptadas para abordar estos factores de riesgo que amenazan la gobernabilidad y operatividad dentro de las cárceles.
El organismo instó a las autoridades del Sistema Penitenciario Estatal y a los responsables de los centros penitenciarios, especialmente del CREST, a garantizar los derechos humanos a la salud, integridad y vida de las personas privadas de libertad, así como a identificar y mitigar las circunstancias que llevaron a los recientes acontecimientos trágicos.
Además, se solicitó la implementación de mecanismos de comunicación adecuados para informar a los familiares de las personas privadas de libertad sobre la situación actual dentro del establecimiento, así como del estado de salud de quienes fueron afectados.
